Ahora le toca pronunciarse a la Procuraduría y al MARENA.

Personas que fueron parte de juicio

Saúl Obregón y Teresa Mariscal
eldiegonica@yahoo.es

El día de ayer, en el Juzgado Local Único de El Castillo, Río San Juan, se dictó sentencia en contra de las seis personas implicadas en el caso de usurpación de dominio privado sobre una propiedad que podría estar en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio-Maíz.

Según la evaluación de pruebas, deberá ser la Procuraduría General de la República de Nicaragua, en representación del Estado, y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) quienes deberán determinar la legitimación del título de propiedad de 1093 manzanas de tierras, ubicadas en el sector de El Padilla, que ostenta el señor Santos Ramón Henríquez Jarquín.

Esta propiedad, según argumentos de la defensa, se encuentra en la zona núcleo de la Reserva por lo que el título presentado no es válido. Por su parte Santos Ramón Henríquez, mencionó durante el proceso judicial, que la tierra le fue entregada por la expresidente Violeta Barrios a cambio de las armas, como política de pacificación.

A inicios de los años 90´, como parte del proyecto Manejo Sostenible (PMS), el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria ( INRA) y posteriormente la Oficina de Titulación Rural (OTR) entregaron títulos de propiedad a desmovilizados de la resistencia y del ejército. Sin embargo, durante este proceso, se cometieron algunos errores titulando incluso dentro de la Reserva. Esta situación fue señalada en su momento por FUNDACION DEL RIO en el seno del comité técnico del PMS. A partir de estos señalamientos se le dio seguimiento y se logró subsanar la problemática. Sin embargo deben ser las autoridades competentes en la materia las que aclaren la situación y determinen si el título presentado por el Sr. Henríquez está o no dentro del área protegida.

Según la sentencia las seis personas acusadas, las que responden a los nombres de Sabino Castro López, Abel López Jirón, Bedael Mayen, Daniel Bello, Bernabé Benavidez y Lázaro Sanchez, todos de la comunidad Las Maravillas, municipio de El Castillo, deberán cumplir con dos años y medios de prisión.