martes, 29 de noviembre de 2011

Nicaragua pide a Ramsar verificar daños a humedales por obras en Costa Rica

El Nuevo Diario / 29.11.11
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Nicaragua pidió hoy a la Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar enviar una misión para verificar la "destrucción" que causa Costa Rica a los humedales por la construcción de una carretera en su margen del fronterizo río San Juan, en territorio costarricense.

La solicitud fue hecha mediante carta al secretario general de la Convención Ramsar, Anada Tiéga, por la ministra nicaragüense del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena), Juana Argueñal.

"Nuestro país solicita que de manera inmediata la Convención envíe una misión de asesoramiento que visite la zona y compruebe in situ las violaciones flagrantes de ese hermano país a la Convención Ramsar", señaló la funcionaria nicaragüense en su carta, cuya copia fue distribuida a los medios de comunicación.

Según Argueñal, la construcción de 120 kilómetros de carretera en su margen del río San Juan, "ponen en alto riesgo el humedal tanto en la parte de Nicaragua como en Costa Rica".

El Gobierno de Nicaragua envió hoy una nota de protesta al de Costa Rica por la ejecución de esa carretera, y le demandó detener la obra hasta que se valore su impacto ambiental.

El vicecanciller de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz, dirigió la nota al canciller costarricense, Enrique Castillo, en la que asegura que la ejecución de esa obra "causa daños ambientales" al río San Juan, de soberanía nicaragüense.

La titular del Marena también solicitó a la Convención Ramsar pida a Costa Rica "toda la información técnica necesaria para que pueda elaborarse una evaluación y conclusión sobre el estado actual de la zona" y la misma sea transmitida a Managua.

Argueñal indicó que es necesario que Costa Rica comparta esa información "en aras de coordinar políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la conservación de sistema hidrológico y humedales compartido".

Sostuvo que las obras de construcción que ejecuta Costa Rica, "ubicadas a escasos metros" del río San Juan "destruyen extensas zonas de humedales compartidos, violentan las normas de Derecho Internacional que rigen las relaciones entre estados", así como los compromisos de celebrar consultas relativas a la conservación de los humedales y de su flora y fauna.

Costa Rica envió hoy una nota diplomática a Nicaragua en la que le solicita presentar "información científica objetiva y seria" sobre el alegado daño ambiental que ha causado la construcción de esa carretera.

En esa misiva, firmada por Castillo, Costa Rica señala que la construcción de la vía no ha afectado al territorio nicaragüense, pero que está dispuesta a escuchar los argumentos de Nicaragua.

La presidenta costarricense, Laura Chinchilla, calificó hoy en una conferencia de prensa de "cortina de humo" las quejas de Nicaragua y aseguró que Costa Rica tiene derecho a construir la carretera, que ayudará al desarrollo de los pueblos de la zona.

La mandataria afirmó que Nicaragua está lanzando una "cortina de humo" a pocos días de que Costa Rica presente su argumentación ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya (Holanda), en el marco de la disputa bilateral fronteriza.

Días atrás, Ortega aseguró que la carretera en territorio costarricense es "un crimen contra la naturaleza" y que denunciará el caso ante la CIJ.

La Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar, que fue adoptada en 1971 en la ciudad homónima de Irán, es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios.

Costa Rica y Nicaragua mantienen una disputa desde octubre de 2010, cuando San José acusó a Managua de invadir con militares y civiles y causar daños ambientales en un humedal fronterizo en el Caribe, en un territorio que ambos países reclaman como propio.

El caso es ventilado en la CIJ, que en marzo pasado ordenó a los dos países abstenerse de enviar personal de seguridad, militar o civil a la zona en disputa.

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