jueves, 24 de septiembre de 2009

Diputados exhortan suspender concesiones mineras en Río San Juan

El Nuevo Diario
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Más de 70 diputados respaldaron ayer una resolución legislativa mediante la cual solicitan al Ejecutivo la suspensión inmediata de las concesiones mineras adjudicadas en la Cuenca del Río San Juan.
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La Asamblea Nacional resuelve “exhortar al gobierno de la República de Nicaragua a revisar las políticas de promociones y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que puedan contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a estos ecosistemas”, se lee en el punto uno del documento aprobado.
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Mediante el documento, el Parlamento “solicita al Poder Ejecutivo la cancelación inmediata de los trámites de solicitudes de permisos ambientales y de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, valorando las posibilidades de una moratoria indefinida para la minería química a cielo abierto”.
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Exhorto llega hasta el SICA
Los legisladores nicaragüenses también resolvieron “instar al Sistema de Integración Centroamericana, SICA, a promover el cumplimiento de los Convenios Regionales e Internacionales suscritos por los países de la región, en defensa de los ecosistemas en general”.
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También “solicitar a otras instancias regionales, como la Asociación Mundial del Agua (GWP), Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Cicad), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Parlamento Centroamericano (Parlacén), a incluir el tema de la minería a cielo abierto en sus agendas de trabajo, con el objetivo de incidir en los gobiernos, en los políticos y demás instancias regionales vinculadas al tema ambiental y a continuar con los procesos de educación y capacitación ambiental de la población”.
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La resolución tuvo su origen en la concesión minera “a cielo abierto” Crucitas, instalado en territorio tico, por lo que los diputados también resolvieron “solicitar a nuestros homólogos costarricenses, a través de las instancias regionales correspondientes, la revisión y derogación del Decreto en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas, en virtud de que contraviene la legislación ambiental nacional e internacional, promoviendo binacionalmente un desarrollo humano sostenible, con amplia participación comunitaria en el uso de los recursos naturales disponibles”.

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